El pasado día 31 de mayo la Comisión de Administración Pública del
Senado votó la enmienda de la Ley de Acceso Electrónica de los
Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP). Entre las
enmiendas propuestas se encontraban algunas presentadas por los grupos
Mixto, integrado por IU y BNG, y Entesa Catalana del Progrés (PSC, ERC,
ICV, EUiA-IU) que eran apoyadas por las principales organizaciones
sociales dedicadas a fomentar la creación, uso y difusión de las
nuevas tecnologías. En contra de los principios defendidos por estas
organizaciones se posicionaron principalmente PP y PNV.
Así, las referidas enmiendas aseguraban tres derechos básicos de los ciudadanos (cito los párrafos más relevantes):
El primero y más importante es, en consonancia con el Artículo 14 de la
Constitución, el derecho a no ser discriminado por razón del tipo de
hardware y software que cada ciudadano decida usar para comunicarse con
las administraciones públicas. Para ello se establecía que las
administraciones públicas deben siempre usar los llamados legalmente
“estándares abiertos” (públicos) a la hora de comunicarse con la
ciudadanía. Esto es, aquellos estándares públicamente conocidos que
están libres de cualquier restricción legal o atadura tecnológica, de
forma que cualquier empresa o ciudadano puede libremente usarlos.
Desgraciadamente, la mayoría de la Comisión formada por PP y PNV, lejos
de aceptar esta línea de trabajo garantista, adoptó justo la contraria,
la que restringe o anula los derechos de la ciudadanía. Más
concretamente, la enmienda 19 al artículo 4, aprobada por dicha
Comisión, viola este derecho. También lo viola la eliminación de la
definición de “estándar abierto” producto de la enmienda 21.
La segunda gran demanda de derechos tiene que ver con el software, y
en general el conocimiento, que se produce para satisfacer las
necesidades de nuestras entidades públicas y que es pagado con los
impuestos de los contribuyentes.
La propuesta de enmienda que daba esta garantía establecía que todas
las Administraciones Públicas compartieran el software del que son
propietarias con una licencia que permitiese a cualquier otra entidad
pública, ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia,
modificación y redistribución con o sin cambios, siempre que las obras
derivadas mantuviesen esa misma licencia.
El software es la infraestructura que más impacto tiene hoy día en
la economía y es necesario ponerla a plena disposición de todos ya que,
además, todos la pagamos. Sin embargo la Comisión ha decidido en contra
de este derecho también, al rechazar la enmienda 12 que así lo
garantiza.
Esperamos también que los diputados del Congreso tomen buena nota de lo
que pedimos los ciudadanos a través de sus colectivos más
representativos y dinámicos en materias digitales, lleven a cabo la
ratificación de esos derechos cuando les llegue de vuelta esta
propuesta de ley. Será sin duda la mejor forma de estimular la
participación y valoración de nuestros representates y partidos
políticos.
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