Nota de prensa de Hispalinux:
Hispalinux valora muy positivamente las mejoras incorporadas por el Congreso de los Diputados en el proyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI).
La incorporación en esta fase de importantes avances como la clarificación de que solo los juzgados y tribunales tienen potestad para restringir servicios telemáticos o secuestrar contenidos cuando afectan a derechos fundamentales y que las autoridades competentes solo podrán hacerlo en situaciones puntuales tienen un valor importante para la seguridad jurídica de Internet. Además, junto al hecho de consagrar el acceso a banda ancha como un servicio universal se convierten en pasos fundamentales para el avance de nuestra sociedad.Sin embargo hay dos puntos vitales para la Sociead de la Información de todos y para todos en los que hay que trabajar durante el trámite pendiente de completar ya que no han sido abordados adecuadamente por los grupos mayoritarios de la cámara aún a pesar de que han sido defendidos por el sector progresista de la misma a propuesta de las organizaciones sociales.
1) La neutralidad en la red ("Net Neutality") es imprescindible para que Internet sea efectivamente un derecho de los ciudadanos porque un derecho necesita la tutela de los poderes del Estado. Sin una protección legal que garantice que el tráfico de datos recibido o generado por los ciudadanos no pueda ser impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo, del origen o destino de la información o de la aplicación utilizada para ello, ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad, habilita a que las empresas tecnológicas y operadoras puedan restringir servicios telemáticos sin ser ni juez ni autoridad competente, y sin que nadie pueda ejercer control alguno sobre tal actividad.
En la actual redacción de la propuesta de ley, cualquiera de esos agentes privados puede penalizar el tráfico que les interese en cada momento en función de sus meros motivos comerciales.2) La propuesta actual no pone el conocimiento de titularidad pública a la libre disposición de los ciudadanos puesto que no les permite modificarlo y por tanto hacer obras derivadas. Es un hecho insolito que los encargados de gestionar lo público, las Administraciones Públicas, le nieguen derechos a sus legitimos dueños: los ciudadanos. Así mismo es importante recalcar que lo que de verdad genera economía de escala, extensión de nuestra cultura, dinamismo empresarial y por tanto riqueza y empleo para la sociedad española, es el hecho de que los contenidos públicos se puedan reutilizar con la mayor libertad para realizar obras derivadas de ellos. La propuesta de ley se queda muy corta en ese aspecto.
Para conseguir un avance en la Sociedad de la Información es necesario que nuestros legisladores tengan como prioridad la defensa de los ciudadanos dentro y fuera de Internet.
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