El Tribunal
Constitucional ha declarado inconstitucionales varios artículos de la
Ley de Extranjería que prohibían a los inmigrantes irregulares
reunirse, asociarse, manifestarse y acceder a justicia gratuita. ONG
aplauden la decisión.
Reunirse,
asociarse, sindicarse y acceder a justicia gratuita y a la enseñanza no
obligatoria. Son derechos que hasta hace unos días podían ejercer todas
las personas que viven en el Estado español excepto los y las
inmigrantes en situación irregular. La Ley de Extranjería aprobada en
el año 2000 por el Gobierno del Partido Popular limitaba estos derechos
fundamentales a los extranjeros sin regularizar.
En su momento, organizaciones de derechos humanos en España se
dirigieron al Defensor del Pueblo y a instituciones políticas para
expresar su repulsa a esta normativa. Ahora, el Tribunal Constitucional
ha dado la razón a estos recursos y ha declarado inconstitucionales
varios artículos que establecían restricciones a los derechos de
reunión, asociación y sindicación. Parte de estos artículos también
impedían a las personas inmigradas sin regularizar tener asistencia
jurídica gratuita y negaban a los menores inmigrantes sin regularizar y
de entre 16 y 18 años gozar del derecho a la enseñanza no obligatoria.
“El fallo supone un avance indiscutible en el reconocimiento de
derechos a las personas indocumentadas y, por tanto, un logro en la
equiparación con el resto de los ciudadanos, lo que significa un
decidido paso hacia la integración en España”, afirman desde la Red Acoge y Andalucía Acoge.
8/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social vulneraban otras normativas internacionales, como el
convenio europeo para la protección de los derechos humanos, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
El fallo del Tribunal Constitucional “contribuirá a que los inmigrantes
en situación irregular se sientan menos indefensos” y adquieran
derechos “de todo ciudadano” de manera independiente a su situación
administrativa, añade la asociación Rumiñahui.
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